Afortunadamente, casi todos los pueblos latinoamericanos disfrutan en sus países de regímenes democráticos en los que pueden elegir a sus gobernantes al son del verso “ven, castígame con tus deseos” de la sensual salsa de Lalo Rodríguez. Incluso, si les ha gustado el castigo, algunos de esos pueblos pueden hasta aprovechar el vigor guardado del político y pedirle que les devore otra vez. Sin embargo, a otros no les ocurre exactamente lo mismo: los hay que se lo pueden cantar pero como con estribillo adicional (puedes devorarme otra vez pero ya está, una y no más) y los hay también que, aunque se desesperen de ganas por él, a ese mismo político ya no les queda sino tenerlo en sueños.

El interés teórico de la cuestión de la reelección (las ventajas e inconvenientes de su admisión en un ordenamiento electoral) se ve con frecuencia superado por la relevancia práctica de su aplicación.

Centrada la reflexión exclusivamente en el ámbito presidencial, y haciendo abstracción del sistema en que se dé una reelección (es decir, resumidamente, en sistemas con predominio presidencialista o parlamentario), un dato es bastante elocuente: según un artículo en Financial Times de Daniel Lansberg-Rodríguez, profesor en Kellogg School of Management, se puede uno remontar hasta el siglo XIX y encontrará que sólo dos Presidentes en ejercicio en América Latina han perdido en las urnas. En Pew Research Center encontramos la lista de los 17 últimos presidentes sudamericanos que se han presentado, todos ellos con éxito, a una reelección. La última, Dilma Rousseff en Brasil.

Podemos reducir a cuatro grandes categorías las variantes del régimen electoral en materia de reelección (entendiendo como tal tanto la reelección inmediata como la nueva elección transcurrido un periodo sin mandato): (a) prohibición absoluta de reelección; (b) prohibición de reelección consecutiva pero con posibilidad de nueva elección transcurrido un periodo sin mandato; (c) posibilidad de reelección consecutiva por una única vez (abierta, si transcurrido un periodo sin mandato, cabe optar a nueva reelección; o cerrada, si ya no cabe candidatura a nueva reelección); y (d) admisión de la reelección sin limitaciones.

En este cuadro vemos en qué categoría se inscriben los principales países de América Latina:

 

 Prohibición absoluta de reelección

 

 Guatemala, Honduras, México, Paraguay
 Prohibición de reelección consecutiva pero con posibilidad de reelección transcurrido un periodo sin mandato

 

 Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay
Posibilidad de reelección consecutiva por una única vez (abierta o cerrada)

 

 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador
Admisión de la reelección

 

 Cuba, Nicaragua, Venezuela

Como en tantas ocasiones cuando nos refiramos a América Latina, una predisposición eurocéntrica al análisis no parece muy adecuada: la fortaleza institucional que ampara la ausencia de restricciones a la reelección en muchos países de Europa no parece que sea la razón que justifica esa misma ausencia en América Latina, a la vista de los tres países en que se da (Cuba, Nicaragua y Venezuela) y del siguiente en el que se vislumbra (Ecuador).

La institucionalidad está cada vez más en el centro de los grandes debates públicos en la región. Corren por doquier formulaciones tropicalizadas de los principios de Acemoglu y Robinson en su ya clásico ¿Por qué fracasan las naciones?, pero también organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el proyecto Doing Business del Banco Mundial invocan la institucionalidad como un factor clave del éxito en las políticas de desarrollo productivo o en la facilidad para hacer negocios.

¿Es la cuestión de la reelección presidencial un barómetro bien calibrado para medir la calidad institucional de los países de América Latina? Quizá sí pero seguro que no es la única. La región da aún algunos ejemplos de esos fenómenos que, parafraseando al clásico Tocqueville, “hacen a los hombres dependientes unos de otros”, llevándoles a desconfiar de la libertad y a preferir una sociedad arbitraria o buscar extrañas fórmulas de redención pasiva. Eso a lo que Enrique Krauze llama el régimen de los “hombres necesarios”, por contraposición al régimen donde los únicos necesarios sean “ciudadanos actuando libremente en el marco de las leyes y las instituciones”. Y quien dice ciudadanos, dice empresas…

¿Volver, volver y volver aunque sea a costa de tropezar en la misma piedra? La discusión está abierta, qué duda cabe, entre los partidarios del gran Vicente Fernández y los del no menos legendario Julio Iglesias.